contexto

En Bolivia, ha aumentado la convulsión sociopolítica, acompañada de una considerable crisis económica e inflacionaria. Esto repercute negativamente en el poder adquisitivo de la población, sus capacidades productivas, la coordinación institucional y la garantía de sus Derechos Humanos y servicios básicos, incluida la salud. Las diferencias entre los núcleos urbanos y los rurales se han ahondado, así como la diferencia de ingresos entre las mujeres y los hombres.

La situación de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, está marcada por las altas tasas de embarazo en adolescentes, de 10 a 19 años, (el 12,34% en 2024, según el Ministerio de Salud y Deporte) y en la mortalidad materna (161 por cada 100 mil nacidos vivos, según la estimación del Banco Mundial para2020, a falta de datos actualizados). Entre sus causas destaca el alto riesgo de violencia de género, incluyendo violencia sexual, violencia basada en género y matrimonios tempranos.

Además, los brotes de dengue, las enfermedades olvidadas (Chagas, tuberculosis, esquistosomiasis, etc.), el deterioro del medioambiente, incluyendo la contaminación por mercurio, y el impacto del cambio climático con crisis recurrentes (grandes inundaciones e incendios),reflejan la necesidad de una atención prioritaria, especialmente hacia poblaciones vulnerables, incluyendo a los grupos indígenas.

A pesar de contar con políticas y normas sanitarias inclusivas y que buscan la equidad de género y el cumplimiento de los derechos humanos, su aplicación real e impacto en la población todavía requiere de mucho trabajo, particularmente tras el cambio de gobierno en 2025, que estableció nuevas medidas ante la escalada inflacionaria y reorganizó la administración ,incluido el sistema de salud.

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NUESTRO TRABAJO EN 2025

Desde 2021, las actividades se han centrado en la reflexión orientada hacia la toma de decisiones de todas las personas involucradas hacia el pleno disfrute de derechos y en favor de la salud, especialmente la sexual y reproductiva. Además, se ha afrontado la desigualdad de género y de diversidad funcional, arraigada por contextos y culturas patriarcales, discriminatorios y violentos, por la división sexual en el acceso al empleo, la injusta organización social del cuidado y los determinantes socio-culturales-medio ambiental es que condicionan el ejercicio pleno del derecho a la salud de una población mayoritariamente indígena y, especialmente, de mujeres, jóvenes y adolescentes, con o sin diversidad funcional.

En 2025, especialmente en los departamentos de Pando, La Paz y Santa Cruz, se ha contribuido a la reducción del embarazo adolescente, trabajando con jóvenes y adolescentes, con y sin diversidad funcional, fortaleciendo actitudes y prácticas en el ámbito individual, familiar, comunitario e institucional. Además, se ha fomentado del liderazgo femenino, el fortalecimiento del sistema público de salud, la identificación y concientización sobre determinantes socio-medio ambientales como el envenenamiento por mercurio, la promoción de la participación ciudadana, la interculturalidad, la inclusividad en salud, el enfoque de género basado en derechos humanos y la protección del medio ambiente y ante el cambio climático.

Hemos iniciado actividades contra el envenenamiento por mercurio, buscando la prevención de malformaciones fetales, en la Amazonía boliviana.