Cantabria
Se han conseguido 22 acreditaciones administrativas favorables que reconocen a personas como posibles víctimas de trata y explotación sexual. Este avance ha permitido proporcionar un marco de protección legal, facilitando el acceso a derechos fundamentales y recursos especializados, reforzando los procesos de recuperación y autonomía de las víctimas.
CONTEXTO
En Cantabria, la tasa AROPE (indicador de riesgo de pobreza y exclusión social) presenta una alta variabilidad, con fluctuaciones de hasta 5 puntos porcentuales según el año.
En 2024, esta tasa asciende al 22,2%, lo que equivale a 131 000 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La cifra se mantiene prácticamente estable respecto a 2023, aunque supone cerca de 2000 personas más.
En comparación con 2015 (año base de la Agenda 2030), la tasa ha aumentado 1,8 puntos porcentuales, lo que representa casi 11 000 personas más en situación de vulnerabilidad en la comunidad autónoma.
La entrada en vigor de la Ley 1/2004 de Cantabria sobre violencia contra las mujeres supuso un avance pionero en España, al reconocer explícitamente la prostitución, la trata y la explotación sexual como formas de violencia de género. Esta normativa garantiza un marco integral de protección, facilitando el acceso a recursos especializados, acompañamiento y restitución de derechos para las víctimas.
Asimismo, el 22 de marzo de 2023 entró en vigor la Orden SAN/2/2023, que regula el acceso a la asistencia sanitaria pública para personas extranjeras sin residencia legal en Cantabria. Esta medida representa un avance clave en el derecho a la salud de la población migrante.
NUESTRO TRABAJO
Médicos del Mundo está presente en Santander mediante un centro de atención integral y una unidad móvil, desde los cuales se desarrollan intervenciones en toda la comunidad autónoma.
El trabajo se centra en facilitar el acceso a la salud de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres en contextos de prostitución, trata y explotación sexual.
Desde enero de 2023, la organización implementa el I Plan Nacional de Inserción Sociolaboral, impulsado por el Ministerio de Igualdad, la Secretaría de Estado de Igualdad y el Instituto de las Mujeres.
Este plan tiene como objetivo:
- Garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas
- Mejorar el acceso al sistema público de salud
- Facilitar recuperación psicosocial
- Promover el acceso a vivienda y empleo digno
En 2025, la unidad móvil intervino en 38 pisos, 8 clubes y 2 zonas de calle
Como resultado, 37 mujeres accedieron a itinerarios de inserción sociolaboral, fortaleciendo su empleabilidad y autonomía.
Además, se promovió el acceso al sistema sanitario, logrando que 45 mujeres superaran barreras de acceso y obtuvieran la tarjeta sanitaria, garantizando así su derecho efectivo a la salud.