Frente a los desafíos cotidianos y estructurales derivados del cambio climático, la crisis habitacional y los discursos de odio, defendemos el derecho a la salud de las personas en situación de vulnerabilidad a través de la intervención, la sensibilización y la incidencia política.
En la Comunidad Valenciana, el año 2025 ha estado marcado por un aumento de las desigualdades sociales y de las barreras de acceso a derechos básicos, entre ellos el derecho a la salud. Las consecuencias sociales, económicas y sanitarias derivadas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia en 2024 han seguido afectando de forma desproporcionada a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, evidenciando la estrecha relación entre crisis climática, exclusión social y salud
En este contexto, han aumentado las situaciones de precariedad habitacional, la inseguridad administrativa y el deterioro de la salud mental, especialmente entre personas que ya atravesaban situaciones de vulneración de derechos.
Asimismo, durante 2025 se ha intensificado la difusión de discursos de odio, desinformación y estigmatización hacia determinados colectivos, especialmente la población migrante. Estas narrativas tienen un impacto directo en el ejercicio del derecho a la salud, reforzando prácticas de exclusión sanitaria y barreras administrativas.
A ello se suma el agravamiento de la crisis habitacional en la Comunidad Valenciana, marcada por el encarecimiento del alquiler, la escasez de vivienda asequible y el aumento de situaciones de infravivienda y sinhogarismo. Las dificultades de acceso a una vivienda digna repercuten directamente en la salud física y mental de las personas, especialmente en aquellas afectadas por la DANA, personas migrantes, mujeres en situación de prostitución y personas en situación administrativa irregular.
Todo ello pone de manifiesto la necesidad de reforzar políticas y enfoques de salud pública basados en la equidad, la accesibilidad universal y los derechos humanos.

En la Comunidad Valenciana, 2025 ha estado marcado por el trabajo de intervención, denuncia y sensibilización frente a las barreras que dificultan el acceso al derecho a la salud de las personas en situación de vulnerabilidad. Durante la primera mitad del año, gran parte de nuestros esfuerzos se centraron en la respuesta a las consecuencias sociales y sanitarias de la DANA de 2024. Impulsamos acciones de incidencia política y acompañamiento para la regularización de personas migrantes afectadas, visibilizamos el impacto de la catástrofe sobre mujeres en situación de prostitución y denunciamos los discursos de odio y la desinformación surgidos en este contexto. Además, se desarrollamos intervenciones comunitarias orientadas al cuidado de la salud mental de las personas supervivientes.
En el marco de la conmemoración del primer aniversario de la DANA, organizamos el IV Congreso Internacional sobre Accesibilidad a los Sistemas Públicos de Salud en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante como cosede virtual. El encuentro abordó el impacto del cambio climático en la salud, en los sistemas sanitarios y en el acceso a este derecho fundamental de personas en situación de vulnerabilidad.
A lo largo del año también llevamos a cabo acciones dirigidas a personas migrantes, mujeres en situación de prostitución y personas en situación de sinhogarismo. Entre ellas, la denuncia de la exclusión de las personas asentadas en el antiguo cauce del río Turia, la realización de formaciones sobre explotación sexual en Valencia y Alicante, acciones de sensibilización con jóvenes sobre exclusión sanitaria y racismo como determinante social de la salud, y la documentación y denuncia pública de miles de barreras de acceso al sistema sanitario.
A finales de año, la renovación de la Junta Directiva nos permitió reforzar las bases para la planificación estratégica, la gobernanza interna y nuestro trabajo de incidencia política.
fecha de última constitución: 23 de febrero de 2023
| cargo | |||
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| Presidente y vocal de Comunicación e Incidencia Política | Javier Campos Serna | ||
| Tesorero | Juan Carlos Guadalajara García | ||
| Secretaria y vocal de Desarrollo Asociativo | Débora Vargas García | ||
| Vocal de Salud Mental y de Personas Sin Hogar | Enrique Sánchez Hernández | ||
| Vocal de Prostitución y Trata | Hadasa Gallor Bohórquez | ||
| Vocal de Flujos Migratorios y de Educación para la Transformación Social | Lidiane Cristina Rosa Sagrado | ||
| Representante en Alicante | Irene Payá Arnáu |
En 2025 también formaron parte de la Junta Directiva Autonómica: Mª José Gómez Fajardo y Andrea Sixto
CENTROS DE INTERVENCIÓN
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