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La RASD

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El Gobierno de la RASD es un gobierno de circunstancias, nacido en el exilio, que mantiene con estrechas vinculaciones con el Frente Polisario. Así, los cargos de Presidente de la RASD y Jefe del Estado saharaui son ejercidos por el Secretario General del Frente Polisario, que es también el jefe del Ejército de Liberación Popular Saharaui. Se trata de un gobierno de “unidad nacional”, en el cual la necesidad de una cohesión nacional en tiempos de lucha de liberación parece predominar sobre cualquier otra consideración.

En la RASD coexisten en la actualidad dos lenguas oficiales: el árabe (una variedad dialectal de la zona llamada Hassanía) y el castellano. La mayor parte de su población pertenece a la religión musulmana.

En los campamentos de población refugiada viven 155.430 saharauis según el Ministerio de Cooperación Saharaui, aunque es muy difícil confirmar este dato dada la inexistencia de un censo real actualizado. La población de los campos depende exclusivamente de la ayuda exterior y la situación de pobreza existente se traduce en una escasez de los alimentos más básicos y en una falta de asistencia médica básica. Las personas saharauis refugiadas en Argelia viven en tiendas de lona, la jaima, junto a la cual, cada familia suele construir tres cuartos de adobe (dormitorio, retrete y lavadero-cocina).

Los campamentos están divididos en wilayas o provincias y cada una contiene seis o siete dairas o municipios, que se subdividen en barrios. Las provincias llevan el nombre de ciudades del Sahara ocupado y de las festividades del calendario de la República Árabe Saharaui Democrática. Éstas tienen su origen en los primeros campamentos que se crearon cuando la población se vio obligada a refugiarse en esta zona.

La mayoría de las personas adultas que vive en los campamentos pertenece a uno de los Comités de trabajo existentes. Así, el Comité de Artesanía y Organización de Trabajo planifica las actividades productivas ocupándose también de los huertos y granjas así como de la preservación de las artesanías tradicionales; el Comité de Sanidad se responsabiliza de aspectos relacionados con la salubridad de las aguas, información sobre campañas de vacunación, de las funciones asistenciales etc.; el Comité de Educación, se encarga de las guarderías y escuelas primarias y de las cuestiones relacionadas con la alfabetización y formación de las personas adultas; el Comité de Justicia trata de los asuntos sociales y la resolución de pequeños litigios y el Comité de Abastecimiento, se encarga de la distribución de alimentos y productos entre la población y de una sensibilización básica sobre nutrición. Estos Comités están formados mayoritariamente por mujeres.

Los esfuerzos de las autoridades en el ámbito de la educación han permitido mejoras significativas. Así se ha pasado de una tasa de analfabetismo del 95%, herencia de la colonización española, a la total escolarización de la población de 3 a 15 años y una tasa de analfabetismo relativamente escasa, no superior al 10%, que corresponde fundamentalmente al colectivo de personas ancianas.

 

La situación económica está marcada por la precariedad existente. El Gobierno del pueblo saharaui en exilio no tiene presupuestos anuales ya que carece de ingresos corrientes propios y de la posibilidad de explotar los recursos de su país, como minería y pesca. Su existencia depende de la ayuda exterior de instituciones no gubernamentales, de organizaciones humanitarias y de países aliados.

Por ello, su economía no rebasa la fase de mera subsistencia. Las actividades productivas se centran en el desarrollo de tres áreas principales: la agricultura, con huertos cuya producción no alcanza para toda la población pero permiten abastecer a hospitales y escuelas; la ganadería, consistente principalmente en la cría de caprinos y ovinos aunque sólo el 10% de los hogares puede permitirse criar más de tres cabezas de ganado; y, por último, los talleres textiles, artesanales y de reparación.

En los últimos años, la marcha de personal cualificado, el declive de la ayuda y la falta de esperanza en una resolución pacífica y próspera del conflicto provocan un deterioro grave de la situación.