Las personas migrantes continúan enfrentando múltiples vulneraciones de derechos, especialmente en el acceso a la salud, en un contexto marcado por el racismo, la exclusión social y la desigualdad estructural. Desde Médicos del Mundo trabajamos para garantizar el derecho a la salud, prevenir la discriminación y promover la convivencia y la cohesión social, impulsando una intervención comunitaria, antirracista y basada en derechos humanos en los territorios donde desarrollamos nuestra labor.
Nuestro trabajo Durante 2025, hemos reforzado nuestra intervención en el ámbito de las migraciones, la diversidad y la convivencia, consolidando una estrategia integral que combina atención directa, acción comunitaria e incidencia política para garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes y racializadas. Este impulso se ha materializado en la creación del Área de Migraciones, un hito organizativo que permite armonizar criterios, mejorar la coordinación entre territorios y dar una respuesta más estructurada a los desafíos emergentes en contextos de movilidad humana.
El trabajo desarrollado a lo largo del año pone de manifiesto que las personas migrantes continúan enfrentando múltiples vulneraciones de derechos, especialmente en el acceso a la salud, estrechamente vinculadas a factores como la situación administrativa irregular, la precariedad laboral y habitacional, el desconocimiento del sistema sanitario y la persistencia de prácticas discriminatorias. Estas barreras se inscriben en un contexto más amplio de racismo estructural que condiciona el ejercicio efectivo de derechos, frente al cual impulsamos una intervención comunitaria, antirracista y basada en los derechos humanos, orientada a prevenir la discriminación, promover la convivencia y fortalecer la cohesión social en los territorios donde trabajamos.

En este contexto, la intervención desarrollada durante el periodo analizado ha permitido atender a un total de 27 193 personas migrantes, lo que da cuenta de la amplitud y capilaridad de la respuesta. El perfil de las personas atendidas refleja una elevada diversidad de orígenes, con una clara concentración en determinadas nacionalidades: Colombia representa el 29,7% del total, seguida de Marruecos (11,7 %) y Venezuela (10,8 %). A estas se suman Perú (6,4 %), Rumanía (4,9 %), Argelia (4,4 %), Paraguay (3,2 %), República Dominicana (2,7 %) y Senegal (2,5 %).
El análisis de la actividad muestra, además, una relación directa entre los territorios con mayor volumen de atención a población migrante y aquellos en los que se intensifican las acciones de sensibilización, formación y trabajo comunitario. Esta correlación refleja una lógica de intervención complementaria: la atención directa permite identificar patrones de discriminación, necesidades emergentes y barreras de acceso, mientras que las acciones de sensibilización y formación se orientan a transformar los factores que las generan, actuando sobre profesionales, instituciones y sociedad en su conjunto.
En este sentido, la mirada antirracista ha sido un eje transversal de la intervención. En el ámbito específico de la sensibilización y la prevención de delitos de odio, se han desarrollado 25 cursos y 29 talleres, en los que han participado 378 personas, con una participación mayoritaria de mujeres (316, frente a 62 hombres), lo que evidencia una implicación especialmente significativa de las mujeres en estos espacios formativos y comunitarios.
De forma paralela, se han impulsado talleres y espacios de trabajo con población migrante y racializada, centrados en el conocimiento de derechos, la identificación de situaciones de discriminación y el fortalecimiento de capacidades para su denuncia. Las acciones en centros educativos han tenido, además, un papel relevante en la prevención de discursos de odio y la promoción de la convivencia, abordando directamente los espacios donde se reproducen estereotipos y desigualdades y contribuyendo a generar cambios a medio y largo plazo.
El trabajo en red con asociaciones de personas migrantes, entidades sociales y administraciones públicas ha sido otro elemento clave para fortalecer la intervención. Esta articulación ha permitido mejorar los circuitos de derivación, identificar necesidades no cubiertas y construir respuestas más coordinadas frente a situaciones de discriminación, violencia o exclusión social.
En paralelo, la organización ha comenzado a incorporar de forma sistemática el análisis del impacto del Pacto Europeo de Migración y Asilo, anticipando posibles efectos sobre el acceso a derechos y reforzando su capacidad de incidencia en este ámbito. Este enfoque permite situar la intervención en un marco más amplio, conectando la acción local con los procesos políticos y normativos a nivel europeo.
En conjunto, la intervención desarrollada durante 2025 evidencia que la garantía del derecho a la salud en contextos migratorios requiere abordar de manera simultánea las necesidades individuales y los factores estructurales que generan exclusión. La combinación de atención directa, acción comunitaria, formación e incidencia se consolida como una estrategia eficaz para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y libre de discriminación.

INCIDENCIA POLÍTICA Durante 2025 reforzamos nuestro trabajo en red con otras organizaciones para trasladar a las instituciones españolas y europeas las preocupaciones en torno a la implementación del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA). Nuestra incidencia se centró especialmente en la defensa del derecho a la salud y en la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
En el marco de este trabajo, participamos en la elaboración de documentos de posición y en interlocuciones con grupos parlamentarios y comisiones de Interior y Migraciones. Remitimos propuestas conjuntas a los diferentes grupos parlamentarios y mantuvimos reuniones institucionales en las se evidenció la lentitud y falta de claridad en el calendario de reformas legislativas y reglamentarias necesarias para la implementación del Pacto.
Posteriormente, establecimos interlocución con las representaciones en España de ACNUR y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), insistiendo en la necesidad de incorporar el conocimiento acumulado por las organizaciones que trabajan desde hace años con población migrante y en la monitorización de derechos humanos en frontera.
Junto a otras organizaciones, expresamos públicamente nuestra preocupación por la falta de avances mediante una carta conjunta dirigida a la Presidencia del Gobierno con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes.
A nivel europeo, desde la Red Internacional de Médicos del Mundo apoyamos acciones de incidencia frente a la propuesta de nuevo Reglamento de Retorno, incluyendo la difusión de un comunicado conjunto firmado por más de 200 organizaciones europeas y de un informe elaborado junto a PICUM sobre el impacto de estas medidas en el derecho universal a la salud. Asimismo, trasladamos estas preocupaciones a eurodiputados y apoyamos movilizaciones ciudadanas previas a la votación clave prevista para inicios de 2026.
En septiembre, publicamos junto a PICUM, Red de organizaciones que trabajan para garantizar la justicia socialy Derechos humanos para los indocumentados migrantes Desprotegidos: Las normas propuestas por la UE en materia de deportación amenazan el derecho universal a la salud.

Además de este trabajo en red, elaboramos documentos propios de aportaciones en el marco de los procesos de consulta pública vinculados a la implementación del PEMA en España: tanto en la consulta pública previa relativa a las normas de adaptación al Pacto Europeo de Migración y Asilo y en la triple consulta sobre los reglamentos europeos afectados por su implementación.
También presentamos aportaciones en las dos fases del proceso consultivo para la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería. Lamentablemente, nuestras recomendaciones dirigidas a reforzar la protección de las víctimas de trata y a garantizar el acceso universal a la sanidad pública no fueron finalmente incorporadas al texto.
Como resultado de este trabajo, hemos consolidado un canal de interlocución directa con la Secretaría de Estado de Seguridad que nos permite trasladar de forma directa las vulneraciones de derechos documentadas en la gestión de las fronteras.

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las personas migrantes y racializadas para prevenir, identificar y denunciar los delitos y discursos de odio, así como mejorar su acceso a mecanismos de protección y reparación desde un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.
Enfoque y líneas de actuación La intervención combina acciones formativas, atención psicosocial, acompañamiento jurídico-administrativo y trabajo en red, con una perspectiva inter seccional que reconoce el impacto diferenciado del racismo y la discriminación en función del género, el origen, la situación administrativa u otras variables estructurales.
Principales actividades El proyecto desarrolla, entre otras, las siguientes actividades: • Formación dirigida a personas migrantes y/o racializadas sobre delitos y discursos de odio, mecanismos de protección y vías de denuncia • Talleres grupales específicos con mujeres migrantes, orientados a la prevención, identificación de situaciones de discriminación y generación de espacios de apoyo mutuo • Atención psicosocial a personas víctimas o potenciales víctimas de delitos y discursos de odio, ofreciendo acompañamiento emocional y contención • Acompañamiento jurídico y administrativo, mediación sociosanitaria y derivaciones a recursos públicos y privados • Acciones de mediación cultural y lingüística en contextos institucionales, como centros de salud, servicios sociales o comisarías. • Reuniones y espacios de coordinación con asociaciones de personas migrantes, entidades sociales y administraciones públicas para la identificación de necesidades, el fortalecimiento de redes y la mejora de los circuitos de protección
Ámbito territorial
El proyecto se ha desarrollado en: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Ciudad Autónoma de Melilla, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Euskadi, Extremadura e Islas Baleares.

Shine es un proyecto que se desarrolla de forma simultánea en consorcio con organizaciones de cinco países: Bulgaria, Croacia, Francia, Italia y España. Está orientado a mejorar el acceso a los derechos en salud de mujeres, niñas y personas de minorías de género que viven en contextos de alta precariedad.
Enfoque del proyecto El proyecto adopta un enfoque multinivel e interseccional, abordando tanto los factores estructurales que limitan el acceso a la salud como las necesidades individuales y comunitarias. La intervención se dirige especialmente a mujeres migrantes, solicitantes de asilo, personas LGBTI+ y personas menores de edad que sufren múltiples formas de discriminación vinculadas a su identidad, situación administrativa y condiciones de vida.
Actividades desarrolladas en España En el estado español, el proyecto se implementa en Albacete, Almería, Ibiza y Badajoz, priorizando contextos caracterizados por asentamientos informales, entornos rurales empobrecidos, situaciones de sinhogarismo o viviendas inadecuadas. Entre las principales actividades destacan:• Salidas de acercamiento comunitario para la identificación de necesidades y la construcción de relaciones de confianza• Atenciones individuales de carácter social, sanitario y psicosocial, con enfoque de género y derechos• Talleres grupales sobre salud sexual y reproductiva, prevención de violencias basadas en género y conocimiento de derechos.• Presencia y atención en espacios comunitarios, como recursos de “calor y café”, que favorecen la accesibilidad y la creación de entornos seguros• Participación en redes locales para coordinar respuestas institucionales y comunitarias orientadas a mejorar el acceso a recursos y servicios
Dimensión internacional e incidencia política Como parte del trabajo del consorcio, se ha desarrollado un análisis rápido de género, que examina políticas, normativas y protocolos a nivel local, y se complementa con grupos de discusión y entrevistas a informantes clave en las diferentes localizaciones. Los resultados de este análisis servirán de base para una estrategia de incidencia política a nivel europeo, centrada en el reconocimiento y la garantía del derecho a la salud en contextos precarios desde una perspectiva inter seccional.
Shine parte de la necesidad de incidir no solo en la cobertura sanitaria, sino en las causas estructurales que impiden el acceso en igualdad de condiciones. El fortalecimiento de la agencia de las personas, el trabajo comunitario y la coordinación entre equipos técnicos, organizaciones sociales y administraciones públicas son elementos clave para impulsar cambios sostenibles y replicables en el acceso a la salud.
Ámbito territorial
La implementación del proyecto en España se lleva a cabo en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura e Islas Baleares a través de intervenciones territoriales adaptadas a los contextos locales y a las realidades específicas de las comunidades atendidas.

Proyecto europeo impulsado por el programa EU4Health, orientado a mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud mental y apoyo psicosocial de personas en contexto de migración.
Enfoque y alianza internacional El proyecto se desarrolla en consorcio con organizaciones de Bélgica, Croacia, Eslovaquia y España, y se centra en mejorar la alfabetización en salud mental, la calidad de la atención y la reducción del estigma asociado a la salud mental en personas migrantes y refugiadas.
Implementación en España En el Estado español el proyecto se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Melilla, trabajando con personas en tránsito migratorio y potenciales solicitantes de protección internacional.
Líneas de trabajo y actividades Las acciones del proyecto incluyen: Formación a profesionales sanitarios y no sanitarios en atención en salud mental a personas migrantes, Desarrollo y pilotaje de herramientas y metodologías de apoyo psicosocial, Acciones de sensibilización y lucha contra el estigma y la Participación en espacios de intercambio transnacional y elaboración de materiales comunes a nivel europeo
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