MEMORIA 2020

Honduras

Contexto

Honduras, un país ubicado en el istmo centroamericano, con 9.3 millones de personas y un 43% de su población menor de 18 años, sufrió el impacto de la covid en 2020. El sistema de salud se encuentra aún más frágil y debilitado, con 182.409 casos y 4.443 personas muertas en el primer año de pandemia.

Los denominados hospitales móviles, aprobados por decreto ejecutivo de emergencia en marzo del 2020, empezaron a llegar a finales de año e inicios del 2021. A ello se suman los efectos provocados por las tormentas tropicales ETA e IOTA en noviembre de 2020. Además de la pérdida de vidas humanas, provocaron la destrucción de numerosas viviendas y miles de personas desplazadas a las que se permitió albergarse en alojamientos temporales en condiciones de hacinamiento.

Estas condiciones propiciaron a su vez el contagio por coronavirus y el consiguiente aumento de su tasa de incidencia, sin el acceso oportuno a pruebas diagnósticas, seguimiento de casos y tratamientos especializados. Los departamentos más afectados por la pandemia son Francisco Morazán y Cortés y este último, fue azotado también por las tormentas tropicales.

La violencia contra la mujer es también un problema de salud pública

En 2019 el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reportó un total de 406 feminicidios y muertes violentas de mujeres, lo que suma un total 6.500 mujeres víctimas mortales de la violencia desde 2003, en su mayoría mujeres jóvenes.

Durante el 2020, en plena pandemia, se registraron un total 3.482 homicidios (una media de 290.17 mensuales), de los que 278 corresponden a mujeres. Los niveles de violencia contra ellas pueden haber aumentado debido a que la covid-19 ha obligado a que muchas mujeres compartan durante más tiempo espacio con su agresor. A pesar de la tipificación del femicidio en el Código Penal de Honduras, prevalece la impunidad en más del 90% de los casos, lo mismo ocurre en relación con otros tipos de violencia contra las mujeres.

Por su parte, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres es escaso y no es universal. Esto se debe a un contexto social, político y cultural en el que no existe una educación integral en sexualidad, científica y laica. Así, el Protocolo de Atención a Víctimas y/o Sobrevivientes de Violencia Sexual no ha conseguido ser aprobado debido a que incluye entre sus medidas la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), prohibida por la Secretaría de Salud por considerarla abortiva. Honduras es uno de los únicos cinco países en América Latina que prohíben el aborto en todas sus circunstancias.
 
Las personas LGTBIQ+ en Honduras también se enfrentan a altos grados de violencia y violaciones de sus derechos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo de 2013 a 2018 se registraron 155 asesinatos de personas gays, lesbianas y transgénero, en muchos casos son cometidos con altos niveles de ensañamiento y crueldad.
 
En materia de migración, durante el 2020 y en un contexto de pandemia, retornaron al país 36.588 personas, aunque no existe un conteo real de cuántas personas salen del país a diario.

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